Senadores envían a Comisión ley DNI [Sin embargo, fue aprobada y convertida en la Ley 1-24 con el apoyo de la oposición]

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[ En enero fue aprobada, y los honorables, después del cuestionamiento informaron que sabían lo que decía la ley y no tuvieron un minuto para observarla y leerla,

A esos opositores, el presidente Luis Abinader les recordó que la ley fue aprobada en consenso por todos los partidos en el Congreso, donde la pieza duró dos años en debates.

"Entonces, los mismos que la aprobaron, los mismos -cuyos voceros se pronunciaron en el Senado y en la Cámara de Diputados, diciendo que la aprobaban- ahora, entonces están diciendo que no están de acuerdo", dijo el jefe de Estado en LA Semanal.

En ese sentido, a esos políticos les indicó: "Dejemos esa politiquería, esa hipocresía". Expuso que cualquier preocupación que tengan, incluyendo al sector de la prensa, será atendida.]

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Luego de que el pasado 19 de septiembre el Poder Ejecutivo introdujera al Congreso Nacional el proyecto de ley que modifica la ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Senado de la República remitió la pieza a la comisión de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana.

Esta acción, realizada este miércoles, forma parte del reglamento que rige ese órgano.

Esta nueva pieza busca modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley, para que la misma tenga mayor claridad en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.

Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios.

El artículo 11 de la Ley núm. 1-24, “con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas”.

Se recuerda que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), informó que la ley que crea la DNI puede tener consecuencias “negativas para la confidencialidad de las fuentes y el derecho a la privacidad”, con riesgos para las libertades de prensa y de expresión. 

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